El Gobierno nacional impulsa una reforma laboral que plantea modificaciones profundas en distintas condiciones de trabajo, desde las indemnizaciones y el período de prueba hasta las vacaciones, las licencias, la jornada laboral y los límites a las huelgas. El paquete de medidas altera normas históricas y generó preocupación en diversos sectores.
Uno de los puntos centrales es la creación del Fondo de Asistencia Laboral, un sistema que reemplaza el esquema tradicional de indemnizaciones y que se financiaría con aportes del sueldo del trabajador. El proyecto también reduce el cálculo del resarcimiento al excluir conceptos como aguinaldo, premios y vacaciones, además de permitir que el pago se realice en cuotas. Según el esquema planteado, esto implicaría montos finales menores respecto del modelo actual.
El período de prueba se amplía a seis meses, durante los cuales cualquiera de las partes puede finalizar la relación sin derecho a indemnización. Para quienes ingresan a un empleo formal por primera vez, esto significaría un escenario más inestable.
En materia de vacaciones, la iniciativa establece que deberán otorgarse entre octubre y abril, con la opción de fraccionarlas en tramos de al menos siete días corridos. También fija que cada trabajador debe poder tomarlas en verano al menos una vez cada tres años.
La reforma incorpora nuevas modalidades para la jornada laboral, permitiendo turnos de hasta 12 horas siempre que exista acuerdo dentro del sector correspondiente. A esto se suma la figura del salario dinámico, que habilita pagos variables en función de productividad o rendimiento, modificando la forma de calcular los ingresos.
Las licencias por enfermedad continúan contempladas, pero con controles más estrictos y plazos más breves para la notificación. En cuanto a la reincorporación tras un accidente o una enfermedad, el proyecto fija procedimientos más rígidos, reduciendo los márgenes de interpretación y lo que podría complejizar el regreso al puesto.
Otro de los puntos más discutidos es la redefinición de los servicios esenciales. Con más actividades incluidas en esa categoría, las huelgas quedarían más limitadas y deberán garantizar un funcionamiento mínimo incluso en áreas que antes no estaban alcanzadas.
El proyecto también toca aspectos de los convenios colectivos e incorpora beneficios fiscales para empleadores, completando un paquete que reordena la relación laboral en el país y motiva fuertes debates entre trabajadores y sindicatos.