La Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobó la reforma de la Ley de Glaciares, en una sesión marcada por el debate y la polémica.
La iniciativa obtuvo 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, con el respaldo del oficialismo, el PRO, la UCR y legisladores provinciales vinculados a la denominada Mesa del Litio y del Cobre, integrada por representantes de Catamarca, Jujuy, Salta, Mendoza y San Juan.
Tras la votación, desde la Oficina del Presidente de la Nación Argentina celebraron la aprobación y señalaron que la reforma “garantiza seguridad jurídica y le devuelve a las provincias la competencia sobre sus recursos”.
Además, el Gobierno cuestionó a sectores ambientalistas al afirmar que “los ecologistas empecinados en impedir el progreso volvieron a perder”, en referencia a las críticas que generó el proyecto.
Críticas y cuestionamientos
Desde la oposición, distintos dirigentes manifestaron su rechazo a la reforma. El diputado Miguel Ángel Pichetto advirtió que “no hay ningún elemento técnico que indique la necesidad de los cambios” y anticipó que la norma podría ser judicializada en la Corte Suprema.
En la misma línea, Maximiliano Ferraro calificó la iniciativa como “totalmente regresiva e inconstitucional”, cuestionando el impacto ambiental de las modificaciones aprobadas.
Impacto y protestas
Desde el Gobierno nacional y las provincias mineras estiman que la reforma permitiría destrabar inversiones por unos 20.000 millones de dólares, principalmente vinculadas a proyectos de explotación de litio y cobre.
En paralelo, organizaciones ambientalistas como Greenpeace realizaron protestas frente al Congreso durante la sesión, en rechazo a la iniciativa. Según se informó, hubo manifestantes detenidos en el marco de las movilizaciones.
La reforma de la Ley de Glaciares abre así un nuevo escenario político, económico y judicial, con un fuerte debate entre el desarrollo productivo y la protección ambiental.