El Gobierno nacional oficializó este miércoles una reforma en el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV), conocida en varias provincias como Revisión Técnica Obligatoria (RTO). La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante una resolución de la Secretaría de Transporte y modifica aspectos clave del trámite obligatorio para los conductores de todo el país.
El cambio más significativo es la creación de un Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos. A través de este sistema, cualquier taller que cumpla con los requisitos técnicos podrá solicitar su incorporación para realizar controles vehiculares. También podrán participar concesionarias e importadores que acrediten capacidad técnica suficiente. Los establecimientos registrados podrán revisar vehículos particulares, unidades comerciales, transporte de pasajeros, transporte de cargas y otras categorías especiales.
El otro punto que genera mayor impacto es la eliminación de las tarifas reguladas. A partir de ahora, los precios dejarán de estar fijados por el Estado nacional y pasarán a ser acordados libremente entre cada taller y el usuario. La medida apunta a fomentar la competencia entre prestadores y permitir que cada conductor pueda comparar costos antes de realizar el trámite.
La reforma también simplifica los procesos de habilitación para nuevos talleres. Si la autoridad competente no realiza observaciones dentro de los plazos previstos, los establecimientos podrán obtener una autorización provisoria hasta completar las auditorías correspondientes.
En materia de digitalización, el Certificado de Revisión Técnica podrá emitirse en formato digital y se creará una base de datos nacional con la información de todas las inspecciones realizadas en el país.
Pese a los cambios, la normativa mantiene los controles obligatorios sobre frenos, luces, emisiones contaminantes y demás elementos vinculados a la seguridad vial. Los plazos de revisión tampoco se modifican y continúan establecidos por la legislación vigente.
Desde el Gobierno sostienen que la iniciativa forma parte del proceso de desregulación y modernización del sistema de control vehicular, con el objetivo de reducir tiempos de espera y ampliar la oferta de servicios para los conductores.