Después de más de 16 años, la Justicia dictó sentencia contra Rodolfo César Robatto, ex titular de la Fiscalía N° 2 de Cañuelas, quien fue condenado por facilitar la ocupación ilegal de un campo en San Miguel del Monte. El ex funcionario recibió una pena de 4 años y 10 meses de prisión, tras reconocer su responsabilidad en un juicio abreviado.
El fallo fue emitido por el Tribunal en lo Criminal N° 1 de La Plata y se centró en el delito de hurto agravado, una de las acusaciones que logró llegar a sentencia pese al paso del tiempo. Otras imputaciones quedaron sin tratamiento por prescripción, aunque el tribunal remarcó la gravedad institucional del caso debido al cargo que ocupaba el condenado.
La causa se originó en octubre de 2009, cuando se puso en marcha una maniobra para tomar posesión de un campo ubicado en San Miguel del Monte, propiedad de Mirta Carmen García. La operatoria comenzó con la confección de documentación falsa que simulaba una venta inexistente del predio.
Esos papeles fueron presentados ante la fiscalía a cargo de Robatto, quien, pese a las inconsistencias evidentes, firmó una orden que habilitó el ingreso al campo. A partir de ese aval judicial, personas ajenas a la propiedad cortaron accesos, se instalaron en el lugar y permanecieron allí durante años, consolidando la ocupación ilegal del campo en Monte.
Cuando la propietaria recurrió a la Justicia para recuperar sus tierras, se encontró con una situación irregular: la denuncia quedó en manos del mismo fiscal que había autorizado el ingreso. El expediente avanzó con dilaciones, reiterados pedidos de documentación y finalmente fue cerrado bajo el argumento de que se trataba de un conflicto civil, a pesar de la existencia de hechos violentos.
Durante el tiempo que duró la ocupación se registraron importantes pérdidas, entre ellas la desaparición de herramientas, maquinaria rural, animales y parte de una cosecha de avena, que fue retirada del campo con autorización oficial. Este último punto fue clave para sostener la condena por hurto agravado.
En su resolución, el tribunal sostuvo que el accionar de Robatto no fue un error administrativo, sino una conducta consciente que otorgó una apariencia de legalidad a una maniobra ilegal, permitiendo que terceros se beneficiaran desde el propio sistema judicial.
Robatto estuvo al frente de la Fiscalía 2 de Cañuelas desde su creación en 2008 hasta 2013. La investigación avanzó recién años después, con la intervención de nuevos fiscales, hasta llegar a una condena que pone fin a un caso emblemático por su impacto institucional y judicial.