La última declaración jurada de Claudio “Chiqui” Tapia, presentada en julio y difundida recientemente por medios nacionales, volvió a poner al presidente de la AFA en el centro de la escena. Aunque no percibe salario por su rol en la Asociación del Fútbol Argentino, el dirigente sí registra ingresos por sus funciones en la Conmebol y la Ceamse, que en conjunto superan los 818 millones de pesos anuales, una cifra que generó sorpresa debido a las pocas horas de trabajo semanales que declaró.
Según el documento, Tapia informó ingresos de más de 68 millones de pesos por mes. De ese total, alrededor de 8 millones provienen de su puesto en la Ceamse, donde declaró trabajar unas 15 horas semanales. En enero asumió la presidencia del organismo ambiental con apoyo político, tras casi diez años como vicepresidente en representación de la Ciudad.
El grueso de sus ingresos llega desde la Conmebol, donde ocupa la vicepresidencia segunda. Allí afirmó dedicar apenas dos horas por semana y percibir cerca de 60 millones de pesos mensuales. En términos de tiempo efectivo, significa un ingreso superior a 7,5 millones de pesos por hora. Además, figura en los registros de ANSES como empleado de Solbayres, una empresa de recolección de residuos que opera en distintos barrios porteños.
A estos montos se suman ingresos catalogados como “extraordinarios”, que superan los 200 millones de pesos. Incluyen la venta de un vehículo por 44 millones, aproximadamente 30 millones en viáticos de la AFA y más de 130 millones en intereses y diferencias de cambio. También aparece como firmante de cheques de Barracas Central, club del que fue presidente durante años.
En relación a su patrimonio, Tapia declaró siete inmuebles gananciales. Entre ellos figura una casa en Beccar valuada en más de 15 millones de dólares, además de una propiedad en Río Luján, un departamento en la Ciudad de Buenos Aires y terrenos o viviendas distribuidos entre la Provincia y San Juan. También declaró dos vehículos cuyo valor combinado supera los 27 millones de pesos.
Los números dibujan un patrimonio de alto impacto público, que vuelve a poner la lupa sobre los ingresos, funciones y niveles de dedicación del dirigente, en un momento en el que su figura mantiene una exposición especialmente elevada.