El proyecto de modificación de la Ley de Glaciares, que actualmente se encuentra en debate en el Congreso, abrió un fuerte foco de preocupación entre especialistas y sectores ambientales debido a su potencial impacto sobre los recursos hídricos en gran parte del país.
Distintos análisis advierten que, en caso de avanzar la reforma, la actividad minera podría expandirse sobre áreas actualmente protegidas, lo que pondría en riesgo cuencas que abastecen de agua a millones de personas.
Según relevamientos técnicos, al menos 20 provincias podrían verse afectadas, en un escenario donde los cambios normativos habilitarían intervenciones en zonas sensibles como ambientes glaciares y periglaciares, fundamentales para la regulación del agua dulce.
En ese contexto, especialistas señalan que los principales riesgos están asociados a la contaminación de fuentes hídricas, la alteración de ecosistemas y las posibles consecuencias sobre la salud de la población. Además, subrayan que muchas de estas cuencas atraviesan varias jurisdicciones, lo que amplifica el impacto y complejiza su control.
Cuencas en riesgo en todo el país
El posible alcance de la reforma se refleja en la cantidad de ríos que podrían verse comprometidos. Entre los principales cursos de agua señalados se encuentran:
- Buenos Aires: Río Colorado
- Catamarca: ríos de Valle Ancho, Salado, Santa María y Andalgalá
- Chubut: ríos Chubut, Senguer y Carrenleufú
- Jujuy: sistema de Salina Jama y río San Francisco
- La Pampa: ríos Colorado y Atuel (Chadileuvú)
- La Rioja: ríos Blanco y Vinchina/Bermejo
- Mendoza: ríos Mendoza, Tunuyán, Diamante, Atuel, Malargüe y Grande, junto a afluentes cordilleranos
- Neuquén: río Barrancas
- Río Negro: río Negro
- Salta: ríos Juramento y Bermejo (alta cuenca)
- San Juan: ríos Jáchal, San Juan y afluentes como Calingasta, Castaño, Blanco y de los Patos
- Santa Cruz: ríos Santa Cruz, La Leona y Gallegos
- Tucumán: río Salí y afluentes como Vipos, Lules, Gastona y Balderrama
- Santiago del Estero: río Dulce
- Tierra del Fuego: río Grande y arroyos de montaña
Se trata de sistemas hídricos estratégicos para el consumo humano, la producción agrícola y el equilibrio ambiental, muchos de ellos dependientes directa o indirectamente del aporte de glaciares.
La discusión en torno a la reforma no solo se limita al plano ecológico. También involucra intereses económicos vinculados a la actividad minera y plantea interrogantes sobre el modelo de desarrollo y el uso de los recursos naturales en Argentina.
En ese marco, crece la preocupación por la posible flexibilización de controles en zonas protegidas, lo que podría generar impactos irreversibles en reservas de agua dulce consideradas estratégicas a largo plazo.