El presidente Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario, que había sido aprobada por el Senado el pasado 22 de agosto con amplio respaldo multipartidario. La decisión fue oficializada este martes 10 de septiembre en el Boletín Oficial, justo antes de que venciera el plazo legal para su promulgación.
La norma, impulsada por sectores de la oposición y acompañada por gran parte del oficialismo en el Senado, proponía una ampliación del presupuesto para las universidades públicas, con el objetivo de recomponer salarios, actualizar partidas de funcionamiento, becas, infraestructura y carreras estratégicas.
En el decreto de veto, el Poder Ejecutivo argumenta que “la economía tiene reglas claras, y la primera de ellas es que no se puede gastar más de lo que ingresa”. Además, el texto sostiene que toda política de crecimiento debe tener en cuenta el estado de las cuentas públicas y los recursos disponibles, para evitar comprometer “el futuro de los argentinos”.
La decisión generó fuerte rechazo en la comunidad universitaria. A lo largo de la semana, se realizaron más de 40 clases públicas, concentraciones y protestas impulsadas por docentes, estudiantes y personal no docente. El gremio Feduba, que representa a docentes de la UBA, ya había advertido que “si hay veto, hay marcha”. Ahora se prepara un plan de lucha que incluirá paros, movilizaciones, campañas de visibilización y una posible Marcha Federal.
La ley vetada buscaba reforzar el financiamiento de universidades públicas en un contexto de profunda crisis presupuestaria del sistema educativo.