El Senado de la Nación aprobó esta madrugada la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, tras una sesión que se extendió durante varias horas y estuvo marcada por fuertes cruces políticos. El proyecto obtuvo 42 votos a favor y 30 en contra, y ahora será tratado en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará convertirlo en ley antes del 1° de marzo, cuando el presidente Javier Milei inaugure el período de sesiones ordinarias.
La iniciativa contó con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, el radicalismo, Provincias Unidas y legisladores vinculados a distintos gobernadores. En tanto, el interbloque peronista y otros espacios opositores votaron en contra. Desde los palcos siguieron el debate funcionarios nacionales como Karina Milei, Manuel Adorni y Martín Menem.
La reforma propone una modificación profunda del sistema laboral argentino e introduce cambios en salarios, horas extra, vacaciones, indemnizaciones y convenios colectivos.
Entre los puntos centrales se encuentra la posibilidad de pagar salarios en moneda extranjera, siempre que exista acuerdo entre empleador y trabajador. También se incorpora la figura de la “negociación dinámica”, que habilita a pactar ingresos adicionales vinculados a la productividad o al cumplimiento de objetivos.
En relación a las horas extra, el proyecto crea un “banco de horas” como alternativa al pago obligatorio con recargos del 50% y 100%. Las horas trabajadas podrán acumularse y luego compensarse con días libres o reducción de la jornada laboral.
El texto también modifica el régimen de vacaciones: se elimina el mínimo obligatorio de 14 días corridos, permitiendo fraccionarlas en períodos no menores a siete días.
En materia de indemnizaciones, se excluyen del cálculo conceptos como aguinaldo, vacaciones, premios y otros adicionales no mensuales. Además, las indemnizaciones fijadas por vía judicial se actualizarán por inflación más un 3% anual. A su vez, se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), de carácter optativo, destinado a afrontar esos pagos.
Otro de los puntos más debatidos es el fin de la ultraactividad, lo que implica que los convenios colectivos perderán vigencia una vez vencidos, en lugar de prorrogarse automáticamente hasta la firma de uno nuevo. También se establece que los acuerdos por empresa prevalecerán sobre los convenios colectivos.
La reforma incorpora además incentivos para la contratación en blanco, con descuentos en contribuciones patronales durante cuatro años para empresas que amplíen su plantilla, y un régimen de regularización de trabajadores no registrados que contempla la condonación de multas y la extinción de la acción penal por evasión.
La jornada legislativa estuvo acompañada por incidentes en las afueras del Congreso, donde se registraron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, con heridos y detenidos.