El Congreso Nacional inicia este lunes el período de sesiones extraordinarias, convocado por el presidente Javier Milei, que se extenderá hasta el 27 de febrero. El llamado fue formalizado a través del Decreto 24/2026, publicado el pasado 19 de enero en el Boletín Oficial, y habilita el tratamiento exclusivo de un temario reducido definido por el Poder Ejecutivo.
Entre los principales ejes del debate aparecen la reforma laboral y la Ley Penal Juvenil, dos iniciativas que generan fuertes discusiones políticas y que el oficialismo busca aprobar antes de la apertura de las sesiones ordinarias del 1 de marzo.
Un temario acotado y negociaciones en marcha
La Casa Rosada intenta avanzar con los proyectos en un escenario atravesado por negociaciones con gobernadores y bloques aliados, tanto en Diputados como en el Senado. En el propio oficialismo reconocen que los votos no están asegurados, especialmente en la Cámara alta, donde varios legisladores condicionan su apoyo a modificaciones en puntos clave de las iniciativas.
El temario de las extraordinarias incluye la Ley de Modernización Laboral, la adecuación de la Ley de Glaciares, la designación de Fernando Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario, y la eventual incorporación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
En los últimos días, el Gobierno confirmó además la inclusión de la Ley Penal Juvenil y analiza sumar una Ley de Emergencia Ígnea para la Patagonia, reclamada por gobernadores del sur ante el avance de los incendios forestales.
La reforma laboral, el eje del conflicto
La reforma laboral es el proyecto que concentra las mayores tensiones, principalmente por su impacto fiscal en las provincias. El texto prevé una reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades, lo que implicaría una fuerte caída en los recursos coparticipables.
Según estimaciones oficiales, la baja total de recaudación alcanzaría los $3,1 billones, de los cuales $1,7 billones corresponden a las provincias. En promedio, las jurisdicciones dejarían de percibir durante 2026 alrededor de $144.000 millones mensuales.
Mientras el ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene conversaciones con mandatarios provinciales, dentro del Gobierno conviven dos posturas: una que impulsa sostener el proyecto sin cambios y otra que admite ajustes parciales para destrabar apoyos legislativos. En paralelo, desde la Casa Rosada evalúan mecanismos de compensación para mitigar el impacto fiscal a partir de 2027.
Debate por la Ley Penal Juvenil
En paralelo, el tratamiento de la Ley Penal Juvenil volvió a instalar el debate sobre la edad de imputabilidad. Si bien la propuesta original fija el límite en 13 años, el oficialismo dejó trascender que podría elevarse a 14 como gesto para alcanzar consensos.
El clima político se completa con la presión de sectores opositores y sindicales, que anticipan un febrero de alta tensión parlamentaria, con negociaciones abiertas y posibles modificaciones en el temario antes del cierre de las extraordinarias.