Mientras los incendios forestales continúan afectando amplias zonas de la Patagonia y mantienen en alerta a varias provincias del país, el Gobierno Nacional confirmó una inversión superior a los $100 mil millones destinada al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, con el objetivo de reforzar la capacidad operativa de los cuarteles y mejorar la respuesta ante emergencias.
La medida fue oficializada a través de la Resolución 91/2026, publicada en el Boletín Oficial, y alcanza a las Asociaciones de Bomberos Voluntarios, a la Agencia Federal de Emergencias y al Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios. La decisión se enmarca dentro de las acciones impulsadas por el Ministerio de Seguridad Nacional frente a la emergencia ígnea que golpea con fuerza a la región patagónica.
Según lo dispuesto, los fondos estarán destinados principalmente a la compra de equipamiento, indumentaria especializada, materiales y otros elementos esenciales para el combate de incendios, además de garantizar el mantenimiento y la conservación del material en condiciones operativas. El refuerzo apunta tanto a mejorar la prevención como a optimizar la respuesta ante siniestros de gran magnitud.
Las Asociaciones de Bomberos Voluntarios de primer grado serán las principales beneficiarias del subsidio. Para ellas se asignó un total de $100.810.319.998,50, que será distribuido entre 1.062 cuarteles de todo el país, lo que representa un promedio de $94.924.971,75 por entidad.
En tanto, las asociaciones provinciales de segundo grado recibirán $7.754.639.995,93, monto que será repartido de manera proporcional según la cantidad de cuarteles afiliados a cada federación. El esquema de financiamiento también contempla a la Agencia Federal de Emergencias, que percibirá $2.584.880.009,64, y al Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios, que recibirá $7.754.640.000, además de un refuerzo adicional de $2.584.880.000.
Desde el Ministerio de Seguridad Nacional informaron que la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios será la encargada de remitir la nómina de entidades beneficiarias para avanzar con las transferencias, las cuales se realizarán de acuerdo a los ingresos registrados en la cuenta recaudadora del Banco Nación.
Asimismo, se aclaró que las asociaciones deberán cumplir con las rendiciones de cuentas correspondientes y mantener la documentación al día. En caso de detectarse irregularidades, la normativa prevé la suspensión del beneficio y la posibilidad de iniciar acciones legales.