El Gobierno nacional oficializó este martes un controvertido decreto que amplía las facultades de la Policía Federal Argentina. Con la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, la medida permite realizar ciberpatrullajes y requisas sin orden judicial previa.
El decreto 383/2025, publicado en el Boletín Oficial, autoriza a la Policía Federal a monitorear espacios públicos digitales, como redes sociales o sitios web abiertos, con el objetivo de “prevenir delitos”. Aunque el texto promete respetar la intimidad y la libertad de expresión, diversos especialistas en derechos humanos y seguridad advirtieron que esta práctica podría dar lugar a abusos. Recordaron antecedentes similares durante la gestión anterior de Bullrich, cuando se produjeron detenciones por publicaciones en redes sociales.
Uno de los puntos más polémicos es que se habilita a la Policía a realizar requisas en la vía pública o en vehículos sin intervención judicial, siempre que se presuma que la persona oculta elementos vinculados a un delito. También se faculta a los agentes a actuar de manera espontánea ante delitos flagrantes, a pedido del Ministerio de Seguridad.
El decreto incluye, además, modificaciones internas en la estructura de la Policía Federal: se limitará el ingreso de suboficiales, se fomentará la formación universitaria en seguridad y se buscará adoptar prácticas inspiradas en el modelo del FBI.
Organizaciones como Correpi y referentes del área, como Sabina Frederic, expresaron fuertes críticas. Para la exministra de Seguridad, se trata de una medida sin aval dentro de la propia fuerza, que puede derivar en intervenciones arbitrarias en protestas, y que agrava el malestar interno por la situación salarial.
